DF.- Un Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) se ubica dentro del mismo terreno de una de las cárceles con más población interna de todo América Latina: el Reclusorio Norte (Reno).
Fue construido exclusivamente para el uso de hijos de internas que antes estaban en un anexo a este penal, pero al ser trasladadas al Centro Femenil de Santa Martha Acatitla, hace cinco años, fue destinado para la comunidad aledaña a la prisión.
Su perímetro no tiene paredes sino rejas, desde las cuales se ve el patio, el jardín y la zona de juegos infantiles. Se observa como un lugar espacioso y rodeado de árboles, donde los trinos de los pájaros por un momento hacen olvidar que se está al lado de una cárcel con 12 mil presos.
El pasado 11 de mayo se registró un motín en dicho penal, donde se usó gas lacrimógeno para controlar los desmanes de los reos y de la visita. Debido a la contingencia sanitaria, en ese momento no había niños en el Cendi donde también hay un kínder.
Déficit de kínderes
Guadalupe Moreno, de la Coordinadora Popular de Madres Educadoras, indicó que dicho Cendi es de riesgo debido el “vecino” que tiene. Sin embargo, esa situación es igual de mala a que un niño se quede solo en casa, por no haber lugares idóneos ni alguien que lo cuide.
Y es que aunque la educación preescolar es obligatoria, en el DF hay un déficit de 13% de atención a ese sector, según datos de la Secretaría de Educación Pública.
Remitiéndose al caso del incendio en una guardería en Sonora donde 35 bebés murieron, dijo que es preocupante “que varias estancias y kínderes, tanto públicos como privados, sean improvisados; en la sala de una casa, en dos cuartos que fueron acondicionados para cuidar a los niños de, sobre todo, madres trabajadoras”.
La Red por los Derechos de la Infancia señala que aunque el caso de Sonora sea una desgracia, la Convención sobre los Derechos del Niño, con 20 años de existencia, obliga al Estado mexicano, en su artículo 24, a reforzar las medidas de prevención de accidentes, pues esto es una condición básica para el ejercicio de los derechos a la salud y a la vida.
“El Estado tiene la obligación de hacer el máximo esfuerzo para generar políticas de prevención en todos los ámbitos en donde se desarrollen niños y niñas”, señaló la asociación civil.
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